El fiscal superior de Bolivia, José Manuel Gutiérrez, informó que Estados Unidos admitió la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y remitió los documentos al Departamento de Justicia para su evaluación.
Corresponde a esa instancia, precisó en declaraciones difundidas hoy, definir si extradita o no al exmandatario, acusado de genocidio por la masacre de octubre de 2003 al reprimir una protesta popular y por cuya causa huyó a Estados Unidos como exiliado.
La petición de extradición de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, entonces su ministro de Defensa; y su también ministro Jorge Berindoague, pasó el primer filtro del Departamento de Estado y fue enviada al Departamento de Justicia, segundo paso del trámite de extradición.
Gutiérrez indicó que se ha dado un paso importante para que el trámite de extradición sea de consideración del ámbito judicial norteamericano y el mismo tendrá que remitirse ante un juez de circuito, en cada uno de los distritos donde residen los imputados.
La autoridad judicial manifestó que no existen plazos de tiempo en el tratado de extradición con Estados Unidos, para determinar cuándo existiría una respuesta a esta petición.
El tratado bilateral entre Bolivia y Estados Unidos no establece ni plazos perentorios, ni efectos al respecto de paso del tiempo, esa es una normativa común en los tratados de extradición de diferentes países, precisó.
Sánchez de Lozada y 15 ministros que trabajaron con él en el periodo 2002-2003 fueron imputados en febrero de 2005 por la Corte Suprema de Justicia de Bolivia por genocidio, ante la muerte de más de 50 personas en las protestas de septiembre y octubre de 2003.
Mientras que el primer pedido de extradición el 2012 no pasaba de las mil 970 páginas, la documentación que hoy presenta Bolivia supera las dos mil 200 hojas, con traducción de declaraciones de testigos y mejora la documentación de las pruebas de las víctimas. Por ese mismo caso el Tribunal Supremo de Justicia boliviano condenó en 2011 a dos exministros y a cinco exjefes militares que ejercían mando en 2003, y los cuales fueron condenados a penas que van de tres a 15 años de prisión.
El juicio quedó en suspenso para el expresidente y esos dos exministros hasta su extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.