El Tribunal Oral Federal N°2 de Argentina otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a un día de que se hiciera efectiva la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua que pesa en su contra por presunta administración fraudulenta en la obra pública durante su mandato (2007–2015).
La defensa de la exmandataria fundamentó su solicitud en el intento de magnicidio que sufrió en 2022, su condición de salud a los 72 años y su derecho a custodia vitalicia como ex jefa de Estado, incompatible con un régimen penitenciario ordinario.
En un comunicado publicado en redes sociales, Fernández de Kirchner advirtió que su vida corre peligro si es encarcelada, señalando además que el proceso judicial en su contra forma parte de un plan de persecución política y proscripción impulsado por sectores del poder económico.
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy destacaron que el cumplimiento de la condena en prisión común violaría tratados internacionales y las Reglas Mandela de la ONU, al exponer a la exmandataria a aislamiento extremo y condiciones inadecuadas para su edad y nivel de riesgo.
La expresidenta se comprometió públicamente a presentarse ante los tribunales el próximo 18 de junio, subrayando: “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”.