La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, iniciativa orientada a actualizar el marco jurídico del sector energético y presentada originalmente por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante su Mensaje Anual a la Nación.
La exposición formal ante el Parlamento estuvo a cargo del diputado Orlando Camacho, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, quien explicó que la propuesta responde a la necesidad de adecuar la legislación a las condiciones económicas actuales y a los cambios que atraviesa la industria petrolera a escala global.
Camacho recordó que la ley vigente fue sancionada en 2006, en un contexto marcado por el paro petrolero de 2002, y sostuvo que, aunque fue un instrumento clave en su momento, hoy requiere ajustes que permitan ofrecer mayor seguridad jurídica y un entorno atractivo para la inversión extranjera. “Este nuevo instrumento está adaptado al mercado actual de los hidrocarburos y fomenta el desarrollo conjunto entre los sectores público y privado”, afirmó.
Entre los aspectos centrales del proyecto se plantea la modificación de 18 artículos estratégicos, la incorporación de mecanismos para garantizar la viabilidad de proyectos en campos no desarrollados y el fortalecimiento de las garantías legales para los socios. También se destacó que la reforma coincide con el vencimiento, a partir de 2026, de los plazos de las primeras empresas mixtas constituidas en el país.
El texto integra además herramientas de la Ley Antibloqueo, con el objetivo de agilizar procesos institucionales y facilitar la toma de decisiones en el sector. Durante el debate, se señaló que la iniciativa busca preservar al petróleo como eje del desarrollo nacional. “La verdadera soberanía no solo reside en el control de los recursos, sino en la capacidad de transformarlos en bienestar para el pueblo”, expresó Camacho.
Las distintas fracciones parlamentarias, incluida la bancada opositora de la Alianza Democrática, coincidieron en que la normativa actual contiene obstáculos que limitan el incremento sostenido de la producción petrolera, barreras que la reforma aspira a superar para dinamizar el sector.