El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ha anunciado una recompensa de 100.000 dólares estadounidenses por la captura del opositor Edmundo González.
A González Urrutia se le acusa por los presuntos delitos de conspiración, complicidad en el uso de actos violentos, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, desconocimiento a la instituciones del Estado, instigación a la desobediencia de las leyes y asociación para delinquir.
“Toda persona que conozca de su paradero deberá presentarlo a la orden del Ministerio Público”, reza el cartel.
El pasado 7 de septiembre, el Gobierno venezolano le otorgó un salvoconducto al excandidato opositor, luego que éste lo solicitara desde la Embajada de España, donde pidió “asilo” tras abandonar la sede diplomática de Países Bajos, en Caracas. En la sede holandesa se había escondido inicialmente, en la madrugada del 29 de julio, después de las elecciones del 28-J y haber convocado a la violencia callejera que provocó 27 muertos entre civiles y funcionarios de seguridad pública.
El político derechista había reconocido ante el mundo entero no tener nada que ver con “las actas” presentadas por María Corona Machado, y declaró que no reconocía la validez de estos supuestos resultados de la fraudulenta página web creada por ella, además de entregar una carta a la Fiscalía General de la República en la que explicó que no fue parte de ese proceso y que prefería buscar una solución dentro de los marcos institucionales del Estado, cuyo Ejecutivo reconocía como legítimo. Asumía, supuestamente, que enfrentaba graves delitos por su conducta ilegal.
El gobierno venezolano le concedió el salvoconducto, como medida para resguardar la paz y la democracia del país, y pudiera abandonar el territorio nacional, lo cual hizo a través de un avión militar español que lo trasladó a Madrid, todo en coordinación con la embajada española en Venezuela. Una vez en suelo hispano, el huido se contradijo varias veces, anunciando que fue “obligado” en la sede consular española a exiliarse, luego reculó, para después decir que era el “presidente electo” y regresaría a “juramentarse”.
Posteriormente, entre idas y venidas, se supo la verdad cuando aparecieron videos que demostraban que incluso firmó un documento, con presencia de autoridades españolas, que reconocía su situación delictual, y ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se comprometió a actuar de acuerdo a lo establecido en las leyes de asilo. No obstante, se denunció que todo formó parte de una especie de trampa de la extrema derecha venezolana para facilitar su “cobarde huida” del país, como calificaron organizaciones políticas, incluso de la oposición venezolana, mediante un plan que estaba planificado con antelación.